Contra el acoso inmobiliario

Reproduzco el comunicado de la APDHA contra el acoso inmobiliario. Lo suscribo palabra por palabra:

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide la máxima implicación de todas las partes para acabar con los problemas de acoso inmobiliario en Cádiz.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía manifiesta la necesidad de que todos los frentes implicados colaboren en la solución de las situaciones de acoso inmobiliario y en la erradicación de las mismas.

En el informe que la APDHA presentó a finales del pasado año 2006 ya se atestiguaba los preocupantes índices de pobreza que sacudían a la ciudad de Cádiz. Ya señalábamos entonces que el porcentaje más numeroso de estas personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza se ubicaba en mujeres mayores de 65 años. Estas mismas personas son las principales víctimas de estos fenómenos de acoso inmobiliario –conocidos, de hecho, como asustaviejas- por lo que a su precaria situación económica les viene acompañada una presión física y psicológica en el ámbito inmobiliario que las sitúa fuera del marco de protección social recomendable.

En estos casos, la APDHA no puede aceptar que las vías legales, judiciales y administrativas existentes no sean suficientes para evitar que los arrendatarios de viviendas de renta antigua en el centro de Cádiz sean objeto de chantajes, extorsiones y vejaciones. No comprendemos que el ejercicio de un derecho tan básico como el derecho a la vivienda se vea envuelto en circunstancias tan lamentables como las que habitualmente tenemos conocimiento.

La APDHA considera que los poderes públicos implicados -Ayuntamiento, Junta de Andalucía, jueces y fiscales, policía, funcionarios,…- deben poner todo el esfuerzo posible para que cuando se detecten hechos de este tipo la situación no se vaya degradando hasta llegar a condiciones tan indignas como las que continúan viviendo muchas familias y personas en situación de especial precariedad que se ven presionadas y coaccionadas con el objetivo de que abandonen sus viviendas. No sólo se trata de una cuestión económica sino también de dignidad, arraigo, condiciones de vida,…

Por eso, no sólo nos dirigimos a los poderes públicos sino también a determinados organismos privados como puede ser el Colegio de Abogados y sus miembros. Desde la APDHA comprendemos que la función de los letrados es siempre la de representar a sus clientes, pero ello no debe servir como excusa para la utilización torticera y abusiva de las normas y del lenguaje. No deben olvidar estos profesionales que estamos hablando de algo más que un simple bien inmobiliario sino que estamos hablando de un derecho, el derecho a la vivienda.

Por todo ello, comprobar que aún persisten casos como el de los vecinos de la finca de Hércules, 12 y que éstos no encuentran el apoyo y la ayuda de los organismos públicos y privados nos genera desazón y nos lleva a exigir a que todos los implicados colaboren para que la situación de estas familias sea lo más digna posible y que no se les condene al desarraigo y al alejamiento de su núcleo vital.