Delitos y delincuentes

En la Facultad de Derecho aprendí que el Derecho Penal era la ultima ratio de la intervención de un Estado democrático. Quiere decirse con este latinajo que el Derecho Penal sólo actuaba en aquellas circunstancias más graves que atentaran contra bienes jurídicos especialmente protegidos ya que la sanción penal, con la gravedad que la misma representa, sólo podía estar justificada en aquellos casos concretos y determinados donde el atentado a aquellos elementos que la sociedad democrática decide defender resulta especialmente reprobable.

Esta es la teoría, pero la práctica resulta que el Derecho Penal es un instrumento más que los gobernantes utilizan a su antojo para tratar de moldear conductas de sus ciudadanos, en particular, y de los seres humanos en general. Los ejemplos palmarios se suceden a lo largo del espacio y el tiempo. En muchos países continúa siendo delito mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o el expresar posiciones políticas contrarias al gobierno impuesto. No hay que irse tan lejos. En España, el Código Penal de 1944 sancionaba como delito la huelga, el adulterio o eximía de sanción penal el uxoricidio por razón de honor.

Se podrá decir que estas circunstancias son propias de regímenes dictatoriales. Eso creía el buen profesor que me explicó aquella teoría de la ultima ratio en mis tiempos universitarios. Pero resulta que no. De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda elevar al Código Penal todas aquellas conductas que los gobernantes consideran imposible solventar por otras vías.

En España se ha invocado el Derecho Penal para casos como la convocatoria de un referéndum ilegal (ley ad personam) o para el conducir con una tasa de alcohol en sangre por encima de la establecida. No importa cuántos metros, cuánto tiempo ni cuánto riesgo.

En esta esperpéntica espiral de invocación del Derecho Penal, la última aportación la realizan los primos italianos con su insupreable berlusconi a la cabeza. Dentro de unos meses será delito entrar en Italia sin permiso. Esa fuerza incontrolable que acuciada por el hambre sacude nuestras conservadoras sociedades pretende ser detenida (por quienes quieren detenerla) a golpe de Código Penal. De seis meses a cuatro años de condena le pueden caer a los inmigrantes irregulares que se encuentren en Italia.

En España todavía quedan quienes nos rasgamos las vestiduras. Unos porque no entendemos cuál es ese bien jurídico que se quiere proteger criminalizando la inmigración. Otros, porque su apellido de socialista les obliga a sacar su hipocresia a pasear mientras que en Europa votan a favor de que esos mismos inmigrantes irregulares puedan estar en lugares peores que cárceles hasta seis meses sin intervención judicial.