Aquí vivo, aquí voto

El derecho a participar en las elecciones municipales del municipio donde se reside debería ser ejercido sin distinción por razón de nacionalidad. Cuesta entender que puedan existir distinciones a causa de la condición administrativa de la persona (extranjeros en situación irregular), pero parece que el derecho básico a elegir (y ser elegido) el gobierno de la Administración más cercana al ciudadano se encuentra implícito en la participación social de los habitantes de una ciudad.

Con este razonamiento hace varios años que he participado en distintos actos a favor de la concesión de este derecho dentro de la Plataforma Tod@s ciudadan@s. No entiendo que mi vecino, que paga su contribución urbana y su impuesto de vehículos como yo, lleva a sus hijos a la escuela, tiene que buscar aparcamiento para su coche y pasea por la playa en las mañanas de diciembre no pueda votar en las elecciones municipales por el hecho de que sea colombiano.

Para los que pensábamos así podía parecer que el día nos traía buenas noticias. El PSOE iba a aprobar en su próximo congreso una moción para consagrar este derecho al voto en las elecciones municipales de los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la letra pequeña de la noticia nos deja más o menos donde estábamos.

Se trata de permitir esta posibilidad dentro del restrictivo marca establecido por la Constitución que lo somete a la cláusula de reciprocidad, es decir, sólo podrán participar en las elecciones municipales si su Estado originario permite participar a los españoles en las elecciones municipales de allí. Quiere decirse con esto que el único compromiso que adquieren los socialistas es a negociar con los gobiernos de estos Estados dicho reconocimiento puesto que sin el mismo no habrá el tan cacareado derecho a la participación en las elecciones municipales. Además, el derecho queda restringido a esa figura que responde a la denominación de inmigrantes en situación regular que lleven un período de tiempo importante en España.

Es decir, que lo que cualificará al extranjero para poder elegir a su alcalde no será su condición de persona sino dos hechos: que lleve mucho tiempo en España (¿cuánto?) y que su gobierno (que puede ser perfectamente una dictadura que no reconoce el derecho al voto siquiera de sus propios nacionales) reconozca el derecho al voto de los españoles que residan allí.

Que nadie se crea que esto es el novamás en consagración de derechos que normas mucho más abiertas en este ámbito existen en Irlanda, Bélgica y Holanda, entre otros. Además, el Parlamento Europeo ya exigió a los Estados este reconocimiento de derechos en los años noventa. De hecho, los socialistas ya llevaban una propuesta como esta en sus últimos programas electorales.

Entonces, ¿por qué? Y, sobre todo, ¿por qué ahora?

Creo tener la respuesta. El rechazo generalizado a la Directiva del Retorno por parte de los entes sociales próximos a la izquierda ha dejado a los socialistas españoles en una muy mala posición con una sangría evidente por el centro y la repulsión de aquellos que jamás pensaron que Zapatero acabaría coincidiendo en este tema con Sarkozy, Berlusconi y los gemelos polacos. Mucho menos aún que ZP, emulando a su predecesor, insultara a quienes nos manifestamos en su contra. Por eso, creo que la intención es tapar aquella denigrante decisión con un parche como este. Ya lo ha insinuado el siempre displicente Pepiño Blanco al asegurar que esta decisión colocaba a los socialistas a la vanguardia de la protección de derechos.

Pero sólo es un parche. Digo parche porque es una propuesta tibia y sin una apuesta clara por la integración generalizada de aquellos que residen en España. Pero sobre todo, digo parche porque lo de la Directiva Retorno sólo puede solventarse con el rechazo explícito a la misma.