Jueces que juzgan a jueces

El Consejo General del Poder Judicial ha hablado. Por dos veces. Y las dos veces ha dicho lo mismo: al juez Rafael Tirado le corresponde una sanción de mil quinientos euros por los desgraciados hechos que propiciaron que Santiago del Valle asesinara a la niña Mari Luz Cortés.

Se nos decía que este nuevo Consejo General del Poder Judicial, en el que ya no dominaba la mayoría conservadora, mostraría una mayor sensibilidad al caso y reprimiría los errores cometidos en el Juzgado que dirige Tirado con una mayor sanción para el mismo. La suspensión de empleo y sueldo resultaba prácticamente exigida por todos los sectores de la sociedad.

Sin embargo, este nuevo Consejo General del Poder Judicial se ha manifestado en los mismos términos que el anterior. Con mil quinientos euros basta. Los jueces parten de una base que a veces se olvida: el juez Tirado no mató a Mari Luz. Ni siquiera es responsable de su muerte. El juez Tirado cometió el error de dejar en libertad a Santiago del Valle y todo lo que ese hombre hizo después es sólo responsabilidad del tal del Valle.

Ciertamente, otra forma de entender las cosas nos aproximaría a concepciones penales ya superadas. La responsabilidad por el resultado no puede ser la pauta de valoración. Por eso, el problema para el juez Tirado no debe ser que del Valle mató a Mari Luz, por mucho que nos duela, sino que un condenado permanecía en libertad sin que nadie supiera a las claras su situación.

Y es aquí donde el razonamiento nos plantea la principal disyuntiva. ¿Es eso culpa del juez? Para la sociedad, sí. Para el ministro de Justicia, también. Para la Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, igualmente. Para el Consejo, no. Al menos, no exclusivamente.

Porque el Consejo General del Poder Judicial sabe como funcionan la mayoría de los juzgados de España. Porque el Consejo es consciente de que si por cada condenado que no ha entrado en prisión se inhabilita al juez responsable, no habrá licenciados en Derecho en el Estado español para cumplir las vacantes. Por eso, si separamos el desgraciado resultado de la acción que, remotamente, contribuyó a ella; lo que queda es un error del Juzgado que es imputable a demasiados culpables.

Probablemente, entre estos responsables, también está la Consejera de Justicia de la Junta de Andalucia y el Ministro de Justicia que no dotan de los medios humanos, económicos y de funcionamiento suficiente para que los Juzgados andaluces (y españoles) no sean el desastre que son. Por eso, a estos dos políticos les interesa cargar las culpas contra el juez. Y por eso mismo a los jueces (reunidos en el Consejo) les interesa no golpear muy fuerte al igual. Ellos saben que, cualquier día, uno de ellos puede estar ahí. Y ese día querrán la misma clemencia que ellos han impartido.