viernes, 12 de junio de 2009

No me sorprende

Anda la progresía gobernante española alarmada por las noticias que llegan de Valencia en relación con el hombre boliviano, de nombre Franns, que perdió el brazo en un accidente laboral. La historia, por conocida, no deja de ser espeluznante. Franns trabajaba, sin contrato y sin papeles, en una panificadora con la desgracia de que una máquina le amputó el brazo. Ante el peligro de que se le exigieran responsabilidades, el jefe decidió tirar el brazo a la basura y dejar al accidentado en las cercanías de un hospital. Mientras Franns, que no había perdido el conocimiento, asistía impertérrito al peculiar desarrollo de los acontecimientos.


Para mi la noticia no es una sorpresa. Es una indignidad, una aberración, una desgracia, pero no una sorpresa. En mi día a día me he encontrado a jefes que dan de baja al inmigrante sin este saberlo y cuando tienen un accidente lo abandonan en el hospital. O señoras de bien que le pagan 500 euros al mes a una chica por tenerla explotada en casa 24 horas al día. O trabajadoras que en siete años no han disfrutado ni un día de vacaciones. O jefes que acosan sexualmente a sus emnpleadas de hogar. O empleadores que descuentan del salario de los inmigrantes las aportaciones obligatorias a la seguridad social.

Son las cosas que uno descubre trabajando con inmigrantes. Por eso que un día haya una desgracia más grave y un brazo aparezca en la basura y después en la prensa a mi no me sorprende. Lo que sí que me causa bastante estupor es que el gobierno sí que se sorprenda con esto. ¿No tiene el ministro Corbacho asesores que le informen de la realidad de la calle? Ahora, una vez que se han sabido los hechos, el gobierno clama contra la situación y amenaza con que caerá todo el peso de la ley sobre estos empleadores que, como mínimo, son de alma estrecha. De momento los empleadores están en libertad, lo que dice poco de lo que pesa la ley en ciertas circunstancias en España.

Las condiciones de la regulación legal de los inmigrantes en España conducen a estas situaciones de semiesclavitud. Unos, los que no tienen papeles, porque se ven obligados a aceptar cualquier cosa sin poder quejarse ni, por supuesto, acudir a la policia a denunciar, por ejemplo, que en la panificador estaban eliminadas todas las medidas de seguridad. Pero no sólo son los sin papeles. También los regularizados tienen sobre sí la espada de Damocles de la obligación de cotizar un mínimo de meses al año lo que les obliga a aceptar condiciones que cualquiera de nosotros rechazaría.

Si esto ha sido habitual siempre, ahora con la crisis estas situaciones se agravan. Pero el gobierno dice que no sabe nada. Pues a ver si se entera. A ver si comienza a mandar a la Inspección de Trabajo a los tajos para revisar las condiciones. A ver si la Seguridad Social controla las bajas fraudulentas en las que se falsifican las firmas de los trabajadores. A ver si se flexibilizan las normas de extranjeria. Así los casos como el de Franns no aparecerán en los periódicos. Mientras tanto, a mi no me sorprenderán.

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