On air: Justicia de menores

El pasado jueves 25 de octubre, en el Hoy por Hoy Cádiz, se emitió mi siguiente comentario:

El pasado martes la asociación con la que colaboro, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, publicó un informe sobre la situación de la Justicia de menores en Cádiz.

Afrontar la cuestión de la responsabilidad penal del menor en el debate público es tarea ardua puesto que la relevancia de algunos (pocos) casos condicionan la posición mayoritaria. Las voces que reclaman mayor dureza en la respuesta represiva, exigiendo, incluso, rebajar la edad penal a los doce años se alimentan del dolor que nos genera a todos ciertas desgracias que, pese a su gravedad, no deben condicionar la visión de conjunto.

Esa visión de conjunto obliga a revisar los conceptos que nos invaden desde las páginas más amarillas y negras de nuestra televisión. El interés superior del menor es la base fundamental de un sistema de justicia que separa la justicia de menores con respecto a la de los mayores. Este trato diferente que no debe confundirse con permisividad ni con laxitud sino que es la concreción de una diferencia evidente entre el niño y el adulto en relación a su desarrollo y necesidades.

Por ello, la correcta aplicación de las medidas que la ley contiene y el esfuerzo de resocialización deben inspirar a una justicia de menores que trate de apartar a los autores de pequeños delitos de una espiral de violencia y represión que les conduzca a la marginación y el estigma social de la cárcel en su edad adulta. Sin embargo, es Cádiz la provincia de Andalucía en la que la aplicación de las penas de internamiento tiene porcentajes más elevados.

La opción por soluciones alternativas frente al internamiento requiere más esfuerzo y más interés por todas las partes y, parece, que la dotación personal y material de la justicia de menores en la provincial no invita a ese esfuerzo. Son juzgados con escaso personal y con índices de permanencia muy bajos lo que perjudica a la necesaria especialización. Ello por no hablar de los problemas de infraestructuras como el de los juzgados de la calle San Francisco. O del hecho de que ayuntamientos, como el de Cádiz capital, no tengan aún firmados los convenio con la Conserjería de Justicia para la aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad.

A nadie parece importarles los dos principales objetivos en esta materia: educar al infractor y resarcir a la víctima. Pero lo que nos jugamos no es poco, porque los menores, estos menores de hoy, son el futuro. Son nuestro futuro.