Los peores augurios se han corroborado y la inmigración ha saltado a la palestra electoral de esa forma que tanto le gusta a los políticos españoles, sumida en un halo de demagogia, falta de realismo y nulo respeto por todos aquellos seres humanos que no son los votantes. Ha sido el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, el que ha puesto sobre la mesa su medida estrella de campaña llamada "contrato de integración".
El mismo día su compañero, el jerezano Arias Cañete, también ha decidido aportar su esencial e impresionante punto de vista sobre la inmigración en España y lo ha hecho en un tono que ha recordado al que utilizan algunos de los elementos de la derecha más rancia cuando charlan en la barra de un bar con varias copas de más. Lo de la mamografía de la ecuatoriana y los camareros de antes (supongo que se referirá a los de mucho antes, vamos de la época de los venticinco años de paz y todo eso) puede pasar a la antología del disparate. Por eso no pienso gastar ni una letra más de mi ventana en ese bocazas.
Sí quisiera, en este espacio, glosar algunas de las propuestas (o mejor habría que hablar de despropósitos) que Rajoy ha esbozado en lo poco que ha explicado sobre el susodicho contrato de integración.
Para empezar por algún sitio, la idea de que a los dos años sin trabajo, el inmigrante tiene que volver a su país, matizada después por algún otro responsable popular en el sentido de que el regreso es para aquellos que no hayan encontrado trabajo desde su llegada a España. Ambas cosas son DEMAGOGIA porque reproducen normas que ya existen. Para quien no lo sepa, si un extranjero viene a España a trabajar tiene que ser dado de alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde su entrada, de lo contrario pasa a estar en situación irregular y puede ser expulsado en cualquier momento. Una vez aquí, tiene que trabajar un mínimo de seis meses cada año para poder renovar su permiso de residencia y seguir viviendo en España. Es decir, en ningún caso un extranjero puede estar dos años en España sin trabajo.
También se comenta que se va a expulsar a todos los extranjeros que cometan delitos. De nuevo es DEMAGOGIA porque se trata de una medida que se aplica ya o, en su caso, se comprobó su improcedencia. Lo primero es distinguir entre extranjeros en situación regular y aquellos que están en situación irregular. Los primeros, que se encuentran en España trabajando, con su permiso renovado,... las normas de la coherencia lógica obligan a que sean tratados como cualquier otro ciudadano residente. Por ello, se les aplica el Código Penal y cuando son considerados culpables ingresan en prisión o cumplen la pena que se trate. No son devueltos directamente a su país pero cuando les toca renovar su permiso de residencia éste les resulta denegado por tener antecedentes penales. De forma indirecta, por tanto, aquellos extranjeros en situación regular que cometen un delito son devueltos a su país después incluso de cumplir su condena.
Después están aquellos en situación irregular. Cuando son condenados a penas relativamente menores, el juez suele decidir su conmutación y su expulsión inmediata a su país. Cuando son condenados a penas graves se les hace cumplir la misma en España puesto que, hace algunos años, también eran devueltos en estos casos y se producía la circunstancia de que en muchos de esos Estados no cumplían la condena y regresaban a España en plazos muy cortos. Es decir, cuando un extranjero comete un delito y es condenado está firmando su carta de expulsión de España. No creo que sea ncesario que se le obligue a firmar algo que ya está intrínseco dentro del ordenamiento jurídico español.
Por último lo de las costumbres. A mí me surge la duda de saber a qué se refiere. Dijo con Iñaki Gabilondo que era el respeto de los derechos humanos, evitar la poligamia, la ablación,... DEMAGOGIA. Esas figuras aparecen todas en el Código Penal como constitutivas de delito, con lo que volvemos a la idea de comprometerse en no vulnerar el ordenamiento jurídico, algo que se reduce al absurdo. Es como si cuando los españoles cumplíesemos dieciocho años el señor Rajoy llegara con un contrato para comprometernos que nunca pondremos una bomba, nunca mataremos a nadie, nunca quemaremos fotos del Borbón,...
Es el absurdo para el jurista, la demagogia para quien se preocupa por los derechos humanos y, sobre todo, es el arma electoral para el político que quiere pescar en las turbulentas aguas del neofascismo. Y no lo digo yo, que lo ha reconocido el candidato a senador del Partido Popular por Albacete, Dimas Cuevas.
